Investigada por uso indebido de datos

Caja Rural de Asturias se opone a la solicitud del Ministerio Fiscal de declarar como investigada en la querella abierta contra ella por un supuesto delito de descubrimiento y revelación de secreto, conforme al artículo 197.2 del Código Penal, en concurso con un delito relativo al Mercado y los Consumidores previsto en los artículos 278 y siguientes del Código Penal, por la presunta utilización con ánimo de lucro de datos de clientes de manera ilegítima y a los que tendría acceso en su calidad de entidad financiera.

Desde finales de 2019 el Juzgado de Instrucción nº 4 de Oviedo investiga a Caja Rural de Asturias por un posible delito de uso fraudulento de datos privados de clientes en la comercialización de seguros.

La denuncia fue admitida a trámite a instancias de la Fiscalía de Asturias, después de que el Colegio de Mediadores de Seguros del Principado de Asturias notificase prácticas irregulares en este sentido ante este órgano judicial. Desde hace años, los mediadores de seguros colegiados de Asturias llevan denunciando ante la organización colegial prácticas irregulares por parte de las entidades bancarias, alertados por los propios clientes.

Hasta el momento, las declaraciones escuchadas por la juez que investiga el caso no han aclarado la causa, motivo por el cual se solicita la declaración del representante legal de Caja Rural de Asturias como parte investigada. A lo que esta entidad se opone.
El Colegio de Mediadores de Seguros de Asturias, que se persona como acusación popular, no entiende por qué Caja Rural de Asturias se opone a esta declaración, en la que podría aclarar las dudas que se le plantean a la juez que investiga el caso. Una postura que incita a pensar que tienen algo que ocultar.

Para Marcelino Tamargo, socio director de Espacio Legal, el despacho gijonés que representa al Colegio de Asturias, «la oposición de Caja Rural a declarar como investigada en la querella abierta contra ella y contra su director general es una maniobra por parte de dicha entidad financiera para evitar que los órganos directivos sean conocedores de su conducta delictiva y fraudulenta sobre el uso de los datos que los clientes deben aportar de forma obligatoria para domiciliar el pago de su seguro, en este caso concreto de automóvil y que deben poner a disposición de la entidad financiera».

En este caso, según explica Marcelino Tarmargo, «Caja Rural usó los datos personales de su cliente de forma inadecuada y fraudulenta, saltándose toda la normativa legal al respecto e incumpliendo también lo que marca la legislación en materia de protección de datos, dejando de esta forma desprotegido al cliente».

Supuestamente, Caja Rural de Asturias accede a datos personales y de carácter privado de sus clientes a través de los recibos de las pólizas de seguros contratadas por sus clientes con otras compañías y domiciliados en la entidad, para ofrecerles seguros de la propia Caja Rural para la obtención de un beneficio propio. Con esta práctica estaría incurriendo en las conductas de revelación de secretos descritas en el tipo penal del artículo 197.2 C.P. y 278 del mismo texto legal, y también en una flagrante violación de la normativa de protección de los datos personales (LOPD 15/1999, actual RGPD 2016/679).

Para el Colegio de Asturias, esta no es una práctica aislada: «Como prueba evidente –señala el presidente de la organización colegial, Reinerio A. Sarasúa Serrano– desde hace varios años, las compañías aseguradoras omiten la mayoría de los datos de los recibos que envían al cobro bancario, al detectar que la información recogida en los mismos era utilizada por la entidad financiera, sin que hubiera mediado autorización.

Fuente: SegurosNews